La revuelta catalana

El pasado mes de septiembre, las fuerzas políticas independentistas aprobaron en el Parlament de Cataluña el decreto de convocatoria del Referéndum de Autodeterminación del 1 de octubre y la Ley de Transitoriedad que recoge los mecanismos del traspaso a un hipotético Estado catalán, en el caso que una mayoría votase por la Independencia. La Audiencia Nacional y el Gobierno español declararon el referéndum inconstitucional e ilegal. Los CDR (Comités de Defensa del Referéndum) formados por la sociedad civil, empezaron a organizarse para abrir y defender los colegios electorales, bajo la amenaza del cierre por parte de la justicia y las fuerzas policiales, así como para defender posteriormente el resultado del posible referéndum. Durante el 1 de octubre, la Policía Nacional y la Guardia Civil —por orden de la Audiencia Nacional— cerraron muchos colegios electorales e incautaron gran cantidad de urnas. Dichas medidas fueron acompañadas de una desproporcionada actuación policial que causó más de 800 heridos. Pese a esas actuaciones, el referéndum se realizó y más del 85% de los participantes votó a favor de la Independencia de Cataluña. En aplicación de los resultados de la votación, el Parlament de Cataluña declaró la República Catalana el día 27 de octubre por mayoría simple. El Gobierno Español no reconoció los resultados y declaró ilegal la proclamación, encarcelando los días siguientes a ocho miembros del gobierno catalán, y dos miembros de organizaciones civiles, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural. Entre otras medidas, se intervinieron las cuentas financieras de la Generalitat y los medios de comunicación catalanes. Ante esta situación, las semanas siguientes al referéndum, la sociedad civil protagonizó numerosos actos en repulsa a las actuaciones policiales y judiciales. Entre ellos, se cuentan la huelga del día 3 de octubre, y la huelga del 8 de noviembre, organizados por los CDR, con el apoyo de ANC.